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José CampilloEn muchos municipios, el informe de un choque se evalúa por lo que se ve: si el croquis está limpio, si las fotos son legibles, si el documento salió impreso con sello y firma. Pero un informe pericial no se vuelve confiable por su presentación, sino por cómo se construyó.
Un hecho de tránsito produce, en pocas horas, decisiones que dependen de ese informe. Las partes, la aseguradora, el juzgado cívico o el Ministerio Público lo usan. La víctima tiene derecho a información sobre su caso. Y meses después, ese mismo registro alimenta la estadística oficial y la planeación de vialidades del municipio.
Si el informe se arma en papel, se completa en una computadora distinta, se corrige por mensaje y se reimprime cada vez que alguien detecta un error, la institución no tiene un informe. Tiene versiones. Y cuando hay versiones, nadie puede decir con certeza cuál es la buena, quién la cambió ni por qué.
El hecho de tránsito es uno de los eventos más frecuentes que atiende una dependencia de seguridad pública y vialidad. También es uno de los que más consecuencias produce fuera de la propia corporación.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2022, define el siniestro de tránsito como cualquier suceso en la vía pública en el que interviene al menos un vehículo y en el que se causan muerte, lesiones o daños materiales, y que puede prevenirse. Esa última parte es central: la ley parte de que los siniestros son prevenibles, y la prevención depende de saber con precisión dónde, cómo y a quién le ocurren.
Por eso el artículo 29 de la misma ley pide que las bases de datos de movilidad y seguridad vial contengan información sobre siniestros con datos que permitan, como mínimo, geolocalizar el lugar a nivel de sitio, conocer el tipo de vehículo involucrado y la existencia de personas lesionadas y víctimas fatales, por tipo de persona usuaria y sus características sociodemográficas. Ninguno de esos datos se puede reconstruir con calidad después. Se capturan bien en el momento o se pierden.
El artículo 23 agrega otra capa: en todo proceso administrativo, penal o civil derivado de un siniestro de tránsito, las víctimas tienen derecho a recibir información para tomar decisiones informadas y a que se respete su privacidad. Un informe que circula en copias, fotos de celular y archivos sueltos difícilmente cumple con ambas cosas a la vez.
Hay un dato metodológico que muchos tomadores de decisión no tienen presente. La estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS) del INEGI no se levanta con encuestas. Su unidad de observación son los accidentes registrados por las dependencias de Seguridad Pública y Vialidad estatales o municipales, y su método de captación es la explotación de registros administrativos.
Dicho de otra forma: la cifra nacional de accidentes urbanos es la suma de lo que cada municipio documentó. La síntesis metodológica del INEGI describe cómo el registro empieza con los informes levantados por el agente de tránsito, que luego se capturan y entregan por cuestionario, por el sistema de captura del propio INEGI o mediante bases de datos de las fuentes informantes. Las coordinaciones estatales revisan que no haya omisiones, verifican congruencia y, cuando encuentran faltantes o errores recurrentes, consultan a la fuente para que ratifique o rectifique sus cifras.
Si el informe municipal es débil, la estadística nacional es débil. Si la ubicación del siniestro quedó en un texto libre, si el tipo de vehículo se capturó de forma inconsistente o si los lesionados no se registraron como campo, ningún proceso posterior puede inventar ese dato con certeza. La calidad de la política vial del país empieza en la tablet o la libreta del perito.
La falla aparece después del choque, cuando alguien necesita el informe y descubre que no puede confiar en él.
El perito llega, toma fotos con su teléfono, anota placas en una libreta y dibuja un croquis a mano. Horas después, en oficina, transcribe todo a un formato. En ese paso se pierden detalles, se corrigen placas de memoria y se reacomodan los vehículos del croquis. El documento final se ve mejor que la libreta, pero ya no es exactamente lo que se observó en el sitio.
Muchas corporaciones sí tienen un supervisor que revisa informes. El problema es cómo lo hace. Si la revisión ocurre en una impresión con anotaciones, en un mensaje o en una conversación de pasillo, la institución no conserva qué se observó, qué se corrigió ni quién aprobó. Cuando una parte cuestiona el informe, la corporación solo puede mostrar la versión final, no el proceso que la produjo.
Este es el punto más delicado. Si el archivo final sigue siendo editable después de entregarse a las partes, cualquier corrección posterior genera dos documentos con el mismo número y contenido distinto. Para una aseguradora, un juzgado o una víctima, esa diferencia es suficiente para dudar de todo el informe.
Las personas lesionadas, los testigos y los datos de atención médica suelen registrarse en listas aparte o en notas del parte. Eso complica justo los datos que la ley pide cruzar: lesionados y víctimas por tipo de persona usuaria. Si no están en el mismo registro que el siniestro, la estadística los cuenta mal o no los cuenta.
Cuando cada informe es un documento aislado, el reporte mensual se convierte en una tarea de transcripción. Alguien abre informes uno por uno y llena una hoja de cálculo para entregar a la coordinación estatal del INEGI o a la dirección de movilidad. Cada transcripción es una oportunidad de error y cada error regresa como solicitud de rectificación.
La diferencia está en el ciclo de vida del registro, no en el PDF.
| Informe como documento | Informe como expediente revisado |
|---|---|
| Se captura en libreta y se transcribe en oficina | Se registra en sitio y se completa sobre el mismo registro |
| El croquis es una imagen suelta | El croquis forma parte del informe, junto con vehículos y personas |
| La revisión ocurre por fuera | La revisión queda dentro del flujo, con aprobación o devolución |
| La versión final sigue siendo editable | El informe aprobado queda bloqueado |
| Lesionados y testigos viven en listas aparte | Lesionados y testigos son campos del mismo informe |
| La estadística se arma a mano cada mes | La estadística se exporta desde los mismos datos que firmó el perito |
Cuatro principios sostienen ese cambio.
El mejor momento para registrar placas, ubicación, vehículos y personas es en el sitio. Eso exige herramientas que funcionen en campo, incluso en calles o carreteras municipales con señal intermitente. Si la captura depende de la conexión, el perito vuelve a la libreta y el problema regresa.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ya dice qué datos debe tener una base de siniestros. Esos datos deberían ser campos, no párrafos: ubicación georreferenciada, tipo de vehículo, lesionados, víctimas fatales, tipo de persona usuaria. La narrativa del perito sigue siendo necesaria, pero no puede ser el único lugar donde vive la información que después se va a sumar.
Una buena revisión deja huella. El supervisor aprueba o devuelve con comentarios, y el perito corrige sobre el mismo registro. Así la institución puede demostrar después que el informe pasó por control, quién lo aprobó y qué cambió entre la primera captura y la versión final.
Una vez aprobado, el informe no debería cambiar en silencio. Si después aparece información nueva, la institución puede documentarla como una actuación adicional, pero el informe original queda como fue aprobado. Esa regla permite a las partes, a la aseguradora y al juzgado confiar en que todos reciben el mismo documento.
El informe pericial suele verse como un trámite entre particulares. Pero la Organización Mundial de la Salud recuerda que cerca de 1.16 millones de personas mueren cada año en siniestros viales en el mundo, que 92% de esas muertes ocurre en países de ingresos bajos y medios, y que los siniestros cuestan a la mayoría de los países alrededor de 3% de su producto interno bruto. La meta de Naciones Unidas es reducir a la mitad las muertes y lesiones por tránsito para 2030.
Esa meta depende de que un municipio pueda ver con precisión qué intersecciones concentran siniestros con lesionados, a qué horas, con qué tipo de vehículos y con qué personas usuarias involucradas. Esa información viene de cientos de informes periciales capturados con la misma estructura, revisados con el mismo criterio y disponibles para análisis sin transcripción.
Tribuna incluye un módulo de peritos pensado para este ciclo completo. El perito registra el siniestro desde la tablet y lo completa en web sobre el mismo informe: vehículos, lesionados, testigos, fotos y croquis. El croquis se elabora en un editor propio con marco de impresión, de modo que el dibujo forma parte del informe y no es un archivo aparte.
La revisión ocurre dentro de la plataforma. El supervisor aprueba el informe o lo devuelve con comentarios para corrección, y el informe aprobado queda bloqueado. El documento oficial se genera como informe pericial en PDF desde el mismo registro, y las estadísticas de accidentes se pueden exportar a Excel sin volver a capturar los datos.
El trabajo en campo no depende de la señal. La app para tablet guarda todo en el dispositivo y lo sincroniza en cuanto vuelve la conexión, con un centro de sincronización que muestra el estado de cada registro. Desde la misma tablet, el perito puede buscar vehículos por placa o NIV, incluso escaneando la placa, y dictar la narración por voz para que se transcriba en el dispositivo.
Porque el informe vive en la misma base que el resto de la operación, también se conecta con lo demás. Una búsqueda por placa en Tribuna devuelve incidentes asociados, infracciones y contexto operativo relevante. Cada lectura y cada cambio quedan en bitácora, con cronología completa por expediente, y los permisos por rol definen quién puede ver o modificar cada informe. El mapa de inteligencia agrega capas de incidentes, concentraciones por hora y comparativas día y noche para que la planeación de vialidad parta de datos.
Es la misma lógica que aplicamos a la detención: un registro que avanza entre áreas sin volver a escribirse, con revisión y auditoría dentro del flujo. Lo explicamos a detalle en Un libro de ingreso no es gestión de detenciones.
Antes de comprar o renovar una herramienta para servicios periciales y vialidad, conviene preguntar:
Si varias respuestas son no, el problema no es el formato del informe, sino el proceso que lo produce.
Un croquis bien dibujado no garantiza un informe confiable. Lo que lo garantiza es un registro que nace en el sitio, se completa sin transcripción, se revisa dentro del flujo y se bloquea cuando se aprueba.
Ese cambio protege a las partes, reduce rectificaciones con el INEGI y le da al municipio información útil para prevenir siniestros en lugar de solo contarlos.
Si tu institución está revisando cómo opera servicios periciales y vialidad, conoce el módulo de peritos de Tribuna, revisa cómo Ágora ordena la atención ciudadana del municipio, o solicita una demo.