Un viernes a las 11:40 de la noche, una patrulla presenta en barandilla a un hombre por participar en una riña. No trae identificación. Dice llamarse Luis Hernández y el capturista escribe Luis Hernández. Paga su multa y se va.
En marzo, el mismo hombre había pasado por esa barandilla como Luis Hernandes. En junio, como José Luis Mora. En el sistema son tres personas sin antecedentes, y el juez cívico que lo atiende por tercera vez resuelve como si fuera la primera.
Ahora el caso inverso. Un Luis Hernández distinto, que nunca ha pisado un separo, es detenido en un filtro y el sistema le muestra dos remisiones que no son suyas. Comparte nombre con otra persona y nadie tiene cómo separarlas.
Son dos fallas con la misma causa: el municipio guardó un nombre y lo trató como si fuera una persona.
La Ley Nacional del Registro de Detenciones aplica también al ámbito cívico. Su artículo 2 incluye el arresto administrativo entre los supuestos de persona detenida y su artículo 3 abarca el procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o cívico.
El artículo 17 pide registrar la detención de inmediato. El artículo 18 fija lo que debe contener ese primer registro, y el primer dato es el nombre. En ese momento, en campo o a la entrada, el nombre suele ser lo que la persona declara.
La confirmación llega después. El artículo 23 ordena a las instituciones administrativas actualizar el registro con lugar y fecha de nacimiento, domicilio, CURP, huellas dactilares, fotografía y "otros medios que permitan la identificación plena de la persona".
La ley da entonces dos momentos: un dato inmediato y una identificación posterior. El problema aparece cuando la operación solo cumple el primero, o cuando llena el segundo sin que nadie compare nada. El artículo 29 agrega un punto que conviene leer con atención: la veracidad de la información es responsabilidad de la autoridad que la genera.
El Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025 del INEGI reporta 1,256,198 puestas a disposición de personas en 2024 por parte de las instituciones de seguridad pública municipales. De ellas, 1,079,982 (86.0%) fueron ante la autoridad de justicia cívica.
Es decir, la mayor parte de las personas que la policía municipal pone a disposición entra por justicia cívica, un circuito rápido y de alto volumen. Ahí un dato mal capturado puede pasar por todo el procedimiento sin que nadie lo cuestione.
El mismo censo muestra que solo 508 municipios (20.6%) reportaron un juzgado cívico formalmente constituido. En 1,747 (71.0%) la función la ejercía otra autoridad, con mayor frecuencia la persona síndica (822 municipios) o la propia institución de seguridad pública (498). En muchos lugares, entonces, quien resuelve no tiene a un área especializada detrás para verificar quién está enfrente.
Cuando el nombre falla a esa escala, la pérdida no se queda en un expediente.
Una identidad mal resuelta puede fallar en dos direcciones, y conviene tratarlas por separado porque se corrigen de forma distinta.
Una persona con varios nombres. Es el registro partido. El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica plantea el monitoreo de quienes estuvieron en conflicto con la ley para evitar la reincidencia o el escalamiento a actividades delictivas. Ese monitoreo no funciona si cada visita abre a una persona nueva. El programa de trabajo en favor de la comunidad se asigna sin saber que ya se incumplió otro, y las cifras de reincidencia del municipio quedan por debajo de la realidad sin que nadie lo note.
Varias personas con un nombre. Es el registro mezclado, y es el error más grave. Si dos historiales se unen por parecido, una persona carga antecedentes ajenos frente a un juez, un mando o un oficial en campo. En un país donde muchos apellidos se repiten, buscar solo por nombre vuelve probable esta confusión.
Por eso la respuesta no puede ser unir todo lo que se parezca. Una regla agresiva corrige el primer error y fabrica el segundo. Ya lo explicamos en Una coincidencia no basta: vincular registros aporta contexto solo si el vínculo se puede sostener.
Las huellas y el rostro resuelven buena parte del problema, porque no dependen de lo que la persona quiera decir. También tienen límites que una institución debe conocer antes de comprar.
La evaluación del NIST de Estados Unidos, publicada en 2019, analizó 189 algoritmos de reconocimiento facial de 99 desarrolladores con más de 18 millones de imágenes. Separó dos tareas que suelen confundirse. En la verificación de uno a uno se pregunta si dos imágenes son de la misma persona. En la identificación de uno a muchos se busca a alguien en una base completa.
Encontró diferencias demográficas en la mayoría de los algoritmos, y también que esas diferencias varían mucho entre productos. Su autor principal lo resumió en una frase: "Different algorithms perform differently". El informe advierte sobre el costo de cada error: en una búsqueda de uno a muchos, un falso positivo pone a una persona inocente en una lista de candidatos y puede derivar en una acusación falsa.
La huella tampoco está exenta. En 2004, el FBI identificó erróneamente a Brandon Mayfield como autor de una huella hallada en una bolsa relacionada con los atentados de Madrid. La revisión de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia concluyó que tres examinadores del FBI y un cuarto, externo y designado por un tribunal, se confundieron ante un grado de similitud extraordinariamente raro. También encontró razonamiento circular: los detalles visibles en la huella conocida sugirieron rasgos que no estaban en la huella dudosa. Entre las reformas y recomendaciones aparecen la verificación a ciegas y documentar lo observado antes de comparar.
Una huella tomada en barandilla, con la persona presente, es mucho más limpia que una huella latente en una bolsa. La lección operativa se traslada de todos modos: la comparación produce un resultado que alguien debe poder revisar, y quien revisa no debería empezar por creerle a la máquina.
Un municipio no necesita resolver la identidad en el minuto uno. Necesita dejar de fingir que ya la resolvió. Eso se traduce en reglas concretas de captura:
- Nombre declarado e identidad confirmada son campos distintos. El primero se registra de inmediato, tal como lo dijo la persona. El segundo solo se llena cuando existe un sustento.
- Estado visible. Cualquier persona que abra el expediente debe distinguir entre "declarada", "en revisión" y "confirmada".
- Método de confirmación. Documento, CURP, huella, fotografía u otro medio, porque no todos pesan igual.
- Responsable y momento. Quién confirmó, con qué rol y a qué hora.
- Candidatos en lugar de uniones automáticas dudosas. Si el parecido no alcanza, el sistema propone y una persona decide.
- Uniones que se pueden revertir. Cada fusión de registros debe conservar qué se unió, quién lo aprobó y cómo deshacerla.
- Ruta de corrección. El artículo 24 de la ley pide constancia de cada actualización y el artículo 30 da acceso a la persona privada de la libertad y a su representante. Una aclaración por homonimia debe dejar el historial corregido y explicado.
La persona sin documentos merece una mención aparte. No traer identificación es común y no prueba nada. El expediente debe poder avanzar con identidad no confirmada, sin bloquear su certificado médico, su audiencia ni su liberación, y sin que esa condición se lea como sospecha.
La reforma a la Ley General de Población publicada el 16 de julio de 2025 estableció que la CURP con huellas y fotografía será el documento nacional de identificación obligatorio (artículo 91 Bis) y creó una Plataforma Única de Identidad para consultar y validar claves (artículo 91 Quater).
Es tentador pensar que con eso el problema municipal desaparece. Conviene no planear así. El mismo artículo 91 Bis señala que la integración de los datos biométricos se realizará "previo consentimiento de las personas titulares". El artículo 91 Ter dice que la CURP biométrica podrá integrarse a otros registros y sistemas nacionales en términos de las leyes aplicables. Esos artículos no resuelven por sí mismos cómo consultará una barandilla municipal un viernes en la noche ni qué pasa con quien no tiene ese dato.
Mientras tanto, el municipio sigue obligado a registrar huellas y fotografía según el artículo 23 y a tratarlas con cuidado. La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados define como sensibles los datos cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave. Su artículo 17 exige mantener los datos exactos, completos, correctos y actualizados. Un registro mezclado por homonimia es, además de un problema operativo, un problema de calidad del dato con consecuencias sobre una persona concreta.
Tribuna trata la identidad como parte del flujo operativo, no como un trámite aparte.
La captura de huellas se integra a la remisión, por mano y dedo, desde web o con lector en tablet. Las huellas se comparan contra los registros existentes con un motor biométrico dedicado para confirmar la identidad, incluso cuando la persona da otro nombre. También existe búsqueda por rostro con la fotografía de ingreso, y cada comparación queda en bitácora.
En campo, los oficiales pueden buscar personas por texto o por huella desde tablets Android, aunque no haya señal, y el registro se sincroniza cuando vuelve la conexión.
Para los registros partidos, Tribuna identifica duplicados por CURP, nacimiento, domicilio y teléfono, y permite la fusión de registros con alta confianza para mantener una sola identidad por persona. Esa identidad sostiene el expediente con reincidencia, colonias y horarios frecuentes que abre la Búsqueda 360°.
El control acompaña a todo lo anterior. Los resultados se filtran según el rol de quien consulta, cada lectura y cada cambio quedan registrados, y abrir un expediente sensible pide un motivo. La tecnología compara y deja rastro. La institución define en su configuración de roles y permisos quién confirma, y el juez sigue resolviendo con toda la información enfrente.
Antes de licitar un lector de huellas, conviene que la dirección de justicia cívica responda con datos:
- ¿Cuántas remisiones del último año tienen identidad confirmada y con qué método?
- ¿Su sistema distingue el nombre declarado de la identidad verificada?
- ¿Cuántas personas aparecen duplicadas en su base y cómo lo sabe?
- ¿Quién revisa una coincidencia biométrica antes de que cambie un expediente?
- ¿Se puede deshacer una fusión de registros y saber quién la aprobó?
- ¿Qué procedimiento sigue un homónimo para corregir un antecedente que no es suyo?
- ¿Conoce las tasas de error de su proveedor y con qué población se probaron?
Si varias respuestas dependen de la memoria del capturista o de que el juez reconozca una cara, su registro de reincidencia descansa en un dato que nadie comprobó.
Un nombre no es una identidad. Es lo primero que una persona dice frente a la autoridad, y merece registrarse tal como se dijo. Convertirlo en una identidad requiere un método, un responsable y una forma de corregir.
Esa disciplina protege en dos sentidos. Protege a la institución, que deja de resolver como primera vez lo que ya ocurrió tres veces. Y protege a la persona, que no paga por el historial de alguien con quien solo comparte un apellido.
Si tu institución está revisando cómo identifica y registra a las personas en barandilla, conoce Tribuna, revisa cómo Ágora ordena la atención ciudadana del municipio, o solicita una demo.
- Cámara de Diputados, Ley Nacional del Registro de Detenciones, DOF 27-05-2019, artículos 2, 3, 17, 18, 23, 24, 29 y 30
- INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, reporte de resultados, 19 de marzo de 2026
- Consejo Nacional de Seguridad Pública, Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, Anexo 1 del Acuerdo 05/XLVI/20, DOF 26 de enero de 2021
- National Institute of Standards and Technology, NIST Study Evaluates Effects of Race, Age, Sex on Face Recognition Software, diciembre de 2019
- Office of the Inspector General, U.S. Department of Justice, A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield Case, conclusiones
- Cámara de Diputados, Ley General de Población, artículos 91 Bis, 91 Ter y 91 Quater
- Cámara de Diputados, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículos 3 y 17