Una vecina reporta una luminaria apagada en su calle. Recibe un mensaje con un número de folio y la frase "su reporte fue recibido". Pasan dos semanas. La luminaria sigue apagada, o tal vez ya funciona, pero nadie le avisó. Cuando vuelve a llamar, la persona que contesta no sabe en qué quedó el caso.
Desde el punto de vista del municipio, el reporte se atendió: entró al sistema, se asignó y quizá una cuadrilla ya hizo el trabajo. Desde el punto de vista de la vecina, el gobierno no respondió.
Esa distancia entre lo que la institución hace y lo que la ciudadanía alcanza a ver es uno de los problemas más caros de la atención ciudadana municipal. No porque el trabajo no exista, sino porque queda sumergido. Y lo que no se ve, para efectos de confianza, no ocurrió.
Un acuse de recibo confirma que el reporte llegó. Una respuesta muestra qué se hizo con él.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, publicada en mayo de 2026, ofrece un retrato incómodo de cómo percibe la población urbana los servicios que dependen del municipio.
Entre los servicios públicos básicos, calles y avenidas es el peor evaluado: solo 23.7 % de la población de 18 años y más en áreas urbanas de 100 mil habitantes o más se declaró satisfecha, frente a 27.2 % en 2023. El alumbrado público bajó de 43.4 % a 41.1 %, y parques y jardines de 43.3 % a 42.0 %. En la escala de calificación de 0 a 10, calles y avenidas obtuvo 5.1 y el alumbrado 6.1.
Hay un dato todavía más revelador. Cuando la encuesta pregunta por características concretas del servicio de calles y avenidas, solo 10.9 % de la población considera que hay reparación inmediata de baches y coladeras, contra 13.1 % dos años antes.
Y cuando la ENCIG mide la satisfacción con trámites y solicitudes que la gente hizo personalmente, la solicitud de servicios municipales (pavimentación, reparación de calles, alumbrado, mantenimiento de parques, pipas de agua) aparece con 38.9 % de satisfacción, por debajo de la atención médica de urgencia y de las llamadas de emergencia a la policía.
Estos números no dicen que los municipios no trabajen. Dicen que la experiencia de pedir algo al municipio es, para la mayoría, poco satisfactoria. Parte de esa insatisfacción viene del servicio en sí. Otra parte viene de no saber qué pasó.
La Encuesta de la OCDE sobre los Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas en América Latina y el Caribe, con resultados publicados en 2025 e incluyendo a México, aporta la otra mitad del argumento.
Según ese estudio, 43 % de las personas encuestadas en la región cree que un servicio público mejoraría si muchas personas se quejaran de él. Es menos de la mitad, pero la OCDE subraya algo importante: quienes creen que su retroalimentación produce mejoras tienden a confiar más en el gobierno local y en el servicio civil. El análisis de regresión del informe estima que esa percepción se asocia con una probabilidad mayor de confianza alta o moderadamente alta en el gobierno local.
La recomendación de la OCDE es directa: dar seguimiento a métricas de desempeño de los servicios y fortalecer ciclos de retroalimentación que conecten lo que la ciudadanía reporta con las decisiones, de modo que las mejoras sean visibles.
La palabra clave es visibles. Para la mayoría de las personas, el contacto más frecuente con el gobierno local no es una elección ni un programa social. Es un bache, una fuga, una luminaria o un tiradero. Si ese contacto termina en silencio, la persona aprende que reportar no sirve.
Hay investigación empírica que mide justo este efecto. Ryan Buell y Michael Norton, de Harvard Business School, y Ethan Porter, de la Universidad George Washington, estudiaron lo que llaman transparencia operativa: diseñar la interacción con el servicio para que la ciudadanía pueda ver el trabajo que el gobierno normalmente hace fuera de su vista.
En uno de sus estudios, residentes de Boston interactuaron con un sitio web que visualizaba solicitudes de servicio, como baches y luminarias descompuestas, junto con el trabajo del gobierno de la ciudad para resolverlas. Esas personas resultaron 14 % más confiadas y 12 % más favorables hacia el gobierno que quienes no vieron esa información.
El hallazgo más interesante para un tomador de decisiones es otro. A un grupo también se le mostró el rezago creciente de solicitudes que el gobierno no estaba resolviendo. Ese grupo no terminó con menos confianza que el grupo que no recibió ninguna transparencia. Mostrar lo pendiente, junto con el trabajo hecho, no castigó la confianza.
En otro estudio, con datos de la aplicación móvil del propio gobierno de Boston, los usuarios que recibieron fotografías del gobierno atendiendo sus solicitudes enviaron 60 % más solicitudes, y en 40 % más categorías, durante los 13 meses siguientes, que quienes no recibieron esas fotos. El efecto persistió durante meses.
La conclusión es práctica: una foto del trabajo terminado no es un adorno de comunicación. Cambia la disposición de la ciudadanía a seguir reportando, y un municipio que recibe más y mejores reportes ve antes los problemas de su territorio.
En la operación diaria, la falta de transparencia rara vez es una decisión. Es una consecuencia de cómo está armado el flujo.
El caso dice "en proceso" durante semanas porque nadie actualiza el sistema cuando la cuadrilla sale a campo. O dice "cerrado" porque alguien cerró una tanda de casos al final del mes. El estatus existe, pero no describe lo que pasó en la calle.
La cuadrilla toma una foto del bache reparado y la manda por un grupo de mensajería. La foto prueba el trabajo, pero no se liga al caso. Para la ciudadanía y para la contraloría, esa evidencia no existe.
Si avisar al ciudadano es una tarea manual, se hace cuando hay tiempo. En semanas de mucha carga, que son justo las semanas en que más gente reporta, nadie avisa.
Algunos municipios publican cifras de atención. El problema es cómo las producen: alguien exporta datos, los limpia en una hoja de cálculo y los sube a un portal una vez al mes. Esas cifras no coinciden con lo que ve el área operativa, no se actualizan y nadie puede rastrear un número del tablero hasta los casos que lo componen.
Por miedo a la crítica, se publica lo resuelto y se omite lo pendiente. Como muestra la evidencia de Boston, ocultar el rezago no protege la confianza. Lo que sí la daña es que la ciudadanía descubra por su cuenta que el tablero no cuenta toda la historia.
La transparencia operativa no es un portal bonito ni una campaña en redes. Es una propiedad del flujo de trabajo: lo que la ciudadanía ve sale del mismo registro con el que opera la institución.
En la práctica, implica al menos cinco cosas.
El caso cambia de estado cuando ocurre algo verificable: se asignó a una dependencia, la cuadrilla aceptó la orden, llegó al sitio, terminó el trabajo, un supervisor validó. No cuando alguien se acuerda de moverlo.
La foto, la nota de campo o la constancia de inspección quedan adjuntas al caso que resolvieron. Así el cierre se puede revisar, y la misma evidencia puede compartirse con quien reportó. Lo desarrollamos a fondo en Cerrar el ciclo en atención ciudadana.
Cuando el caso cambia de estado, la persona que reportó recibe la actualización por el canal que usó. Si el caso se reasigna o se retrasa, también se le avisa. Un "seguimos trabajando en esto, la fecha estimada cambió" genera más confianza que el silencio.
Las cifras públicas, como casos recibidos, resueltos, pendientes y tiempos de atención por tipo de servicio y por zona, se calculan sobre los mismos casos que gestiona el área operativa. Cada número se puede descomponer hasta los casos que lo forman, con los cuidados de privacidad que correspondan.
Un tablero que solo enseña lo resuelto es publicidad. Uno que muestra también el rezago, con su antigüedad y su ubicación, es una herramienta de rendición de cuentas y, para la dirección, una herramienta de gestión.
Cuando el estatus refleja el trabajo real, la dirección deja de enterarse de los problemas por las redes sociales o por la llamada de un regidor. Cuando la evidencia está ligada al caso, la supervisión de cuadrillas y contratistas deja de depender de la palabra de cada quien. Cuando las notificaciones salen solas, el centro de atención recibe menos llamadas de "¿en qué va mi reporte?", que son llamadas que no resuelven nada y consumen tiempo de operadores.
Ágora, la plataforma de atención ciudadana de Intello, está diseñada alrededor de esta idea: que lo que ve la ciudadanía y lo que opera el municipio salgan del mismo sistema.
Ágora concentra en un solo flujo la recepción omnicanal (web, app, chat, teléfono y ventanilla), con deduplicación y clasificación automática para que un mismo problema no se convierta en diez casos. Mantiene trazabilidad completa de cada caso: quién hizo qué, cuándo y con qué resultado. Gestiona órdenes de trabajo geolocalizadas para cuadrillas internas y proveedores externos en la misma plataforma, de modo que el avance en campo queda registrado en el caso.
Sobre esa base, Ágora incluye un dashboard público con casos activos, resueltos y métricas de desempeño, para que el municipio demuestre con datos que está trabajando. Y para la dirección, ofrece dashboards en tiempo real, mapas de calor territoriales y métricas de desempeño que muestran qué funciona y qué necesita ajustarse.
El punto no es tener un tablero más. Es que el tablero público, el seguimiento del ciudadano y la gestión interna dejen de ser tres versiones distintas de la realidad.
Antes de invertir en un portal nuevo, vale la pena contestar con honestidad:
- ¿El estatus de un caso cambia por un evento verificable o por una actualización manual?
- ¿La evidencia de campo queda adjunta al caso o vive en teléfonos y grupos de mensajería?
- ¿La persona que reportó recibe actualizaciones sin tener que llamar?
- ¿Las cifras públicas se calculan sobre los mismos casos que gestiona el área operativa?
- ¿Se puede rastrear un número del tablero hasta los casos que lo forman?
- ¿El rezago se publica o se omite?
Si varias respuestas son no, el problema no es de comunicación social. Es de cómo está construido el flujo de atención.
Un acuse de recibo es el inicio de una conversación, no su final. Los municipios que conviertan cada reporte en una respuesta visible, con estatus reales, evidencia y datos públicos que salen del mismo flujo, tendrán una ciudadanía que reporta más, confía más y entiende mejor lo que su gobierno hace.
Si tu municipio está revisando cómo informa a la ciudadanía sobre los servicios urbanos, conoce cómo Ágora conecta recepción, trabajo en campo, evidencia y transparencia pública, revisa cómo Tribuna aplica la misma trazabilidad a seguridad pública y justicia cívica, o solicita una demo.
- INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025. Principales resultados
- OCDE, OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions in Latin America and the Caribbean: 2025 Results, capítulo 3, "Trust and perceptions of day-to-day interactions with public institutions"
- Buell, R. W., Porter, E. y Norton, M. I., Surfacing the Submerged State: Operational Transparency Increases Trust in and Engagement with Government, Harvard Business School Working Paper 14-034