Una vecina reporta agua brotando junto a la banqueta. En la app del municipio no encuentra "fuga de agua", así que elige "bache", porque el pavimento ya se está hundiendo. El reporte recibe folio y se turna a la cuadrilla de bacheo.
La cuadrilla llega, ve que el problema es una fuga y que no puede tapar nada mientras siga saliendo agua. Regresa el caso a la oficina. Alguien lo reclasifica como "otros" y lo manda a servicios públicos. Servicios públicos responde que el agua le corresponde al organismo operador. Tres días después, el reporte sigue abierto, la fuga sigue corriendo y el bache ya es más grande.
Nadie en esa cadena trabajó mal. Cada área hizo lo que le tocaba con la información que recibió. El problema estaba antes: en la lista de opciones que la vecina vio en la pantalla. Esa lista decía qué se podía reportar, pero no decía quién lo resuelve, qué datos hacen falta ni qué hacer cuando el reporte no cabe en ninguna opción.
Una lista de opciones es una interfaz. Un catálogo de servicios es un acuerdo institucional sobre quién es dueño de cada problema de la ciudad. Cuando el municipio confunde una cosa con la otra, cada reporte mal clasificado se convierte en un caso que rebota.
El problema no es nuevo ni exclusivo de México. Cuando Minneapolis preparó su línea 311, un estudio de caso publicado en 2008 por la Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad (COPS) del Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó que entre 20 y 30 % de las llamadas que recibían las dependencias municipales se dirigían a la dependencia equivocada. En el caso de la policía, poco más de 60 % de las llamadas estaban mal dirigidas.
La tecnología nueva no lo resuelve por sí sola. En marzo de 2026, una comunicación pública presentada al expediente 26-0162 del Concejo de Los Ángeles, que revisa el funcionamiento del nuevo sistema MyLA311, describió tres síntomas que cualquier área de atención ciudadana reconoce:
- Tipos de reporte mal enrutados. Los reportes de hidrantes no llegaban directo al organismo de agua; pasaban antes por el área de drenaje pluvial y se reenviaban después, a menudo con información incompleta.
- Categorías que no existen. Algunas categorías mencionadas en los artículos de ayuda no estaban en el sistema, como la reparación de guarniciones, y otras se ocultaron a pedido de las propias áreas por rezago o por la cancelación de programas.
- Responsabilidad ambigua. El servicio de botes de basura en vía pública se identificaba de forma incorrecta como responsabilidad de la ciudad o de un distrito de mejora comercial.
La comunicación señala una consecuencia que va más allá de la eficiencia: cuando una categoría se oculta, el problema deja de medirse. Nadie puede pedir presupuesto para algo que el sistema no registra.
Ya explicamos que un folio no enruta el trabajo si no hay reglas operativas detrás. Aquí el punto es anterior: las reglas de enrutamiento solo funcionan si el tipo de reporte que reciben es el correcto.
En México, la base del catálogo está en la Constitución. El artículo 115, fracción III, establece que los municipios tienen a su cargo, entre otros, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; y seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito. Agrega los demás servicios que determinen las legislaturas locales.
El mismo artículo permite que los municipios se coordinen y asocien entre sí, o que celebren convenios con el estado para que éste preste algunos servicios de forma temporal o coordinada.
Eso explica por qué el catálogo no puede ser una lista genérica copiada de otro municipio. En una ciudad, el agua la opera un organismo descentralizado. En otra, la recolección de basura está concesionada. En otra, el alumbrado de las vialidades primarias depende del estado. La misma "luminaria apagada" puede tener tres dueños distintos según el tramo. Un catálogo útil refleja esa realidad; una lista de opciones la ignora.
Los estándares de reportes ciudadanos resolvieron esto hace años. La especificación GeoReport v2 de Open311, usada por varias ciudades para recibir reportes desde aplicaciones de terceros, no trata los tipos de reporte como etiquetas sueltas. Cada servicio tiene un código único, un nombre, una descripción, palabras clave que ayudan a encontrarlo y un grupo que lo organiza con servicios relacionados. Además, cada servicio puede declarar sus propios atributos: qué datos pide, de qué tipo, en qué orden y cuáles son obligatorios para que el reporte se pueda enviar.
Esa estructura apunta a lo que un municipio necesita definir para cada tipo de reporte:
Un nombre que use la ciudadanía. La gente no reporta "falla en red secundaria de distribución". Reporta "sale agua de la banqueta". El catálogo necesita nombres en lenguaje común y sinónimos que lleven a la opción correcta.
Un dueño. El área, organismo o contratista responsable de resolverlo, con una persona que responde por esa categoría. Si un tipo de reporte no tiene dueño, no debería estar publicado.
Un destino según el lugar. Cuando la responsabilidad cambia por zona, por tipo de vialidad o por concesión, el catálogo debe registrarlo para que el sistema elija el destino sin depender de la memoria de un operador.
Datos obligatorios. Lo que la cuadrilla necesita para atender a la primera: foto, ubicación, número de luminaria o de medidor, si hay riesgo para personas. Cada servicio pide lo suyo; no todos los reportes necesitan el mismo formulario.
Un tiempo de atención comprometido. El plazo con el que se mide el servicio, acordado con el área que lo presta y no fijado por la plataforma.
Una regla para lo que no cabe. Qué pasa con los reportes que no encajan en ninguna categoría: quién los revisa, en cuánto tiempo y cómo se decide si hace falta crear un tipo nuevo.
Con esos seis elementos, el catálogo deja de ser una lista y se convierte en un contrato operativo entre la ventanilla, las áreas que prestan los servicios y la ciudadanía.
Los reportes mal clasificados suelen tener causas repetibles:
Categorías organizadas por área y no por problema. Si la lista dice "Dirección de Obras", "Dirección de Servicios Públicos" y "Organismo de Agua", la ciudadanía tiene que adivinar el organigrama del municipio. Casi nadie lo conoce.
El cajón de "otros". Cuando "otros" es una de las categorías más usadas, el catálogo está diciendo que no describe la ciudad. Cada reporte que cae ahí espera a que alguien lo lea, lo interprete y lo turne a mano.
Categorías duplicadas o casi iguales. "Bache", "hundimiento", "pavimento dañado" y "calle en mal estado" pueden ir a la misma cuadrilla o a tres distintas. Si nadie lo decidió, cada operador lo decide distinto.
Reclasificaciones sin rastro. El área receptora cambia la categoría y lo regresa, pero el sistema no guarda quién la cambió, de cuál a cuál ni por qué. El municipio pierde la información que le diría qué categorías están fallando.
Cambios al catálogo sin control. Un área oculta una categoría por rezago, otra crea una nueva para un programa temporal y nadie actualiza los tableros. Los indicadores de un mes ya no se pueden comparar con los del siguiente.
Ordenar por problema, no por dependencia. Agrupa los tipos de reporte por lo que la gente ve: agua, alumbrado, basura, calles, parques, animales, ruido. La dependencia responsable es un dato interno del catálogo, no una opción que deba elegir la ciudadanía.
Asignar un dueño a cada categoría. Cada tipo de reporte publicado debe tener un área responsable y una persona que responda por él. Revisar el catálogo con esas personas al menos dos veces al año.
Definir el destino por regla. Si la responsabilidad depende de la zona, la vialidad o la concesión, escribirlo como regla en el sistema. El operador no debería recordar qué tramo de qué avenida le corresponde al estado.
Pedir solo los datos que cambian la atención. Si un dato no cambia quién va, qué lleva o qué tan urgente es, sobra.
Registrar cada reclasificación. Guardar la categoría original, la nueva, quién la cambió, cuándo y por qué. Esa bitácora es el mejor diagnóstico del catálogo que el municipio puede tener.
Medir los rebotes. Revisar cada mes cuántos casos cambiaron de categoría o de área antes de atenderse, por tipo de reporte y por canal. Una tasa alta en una categoría indica que su nombre confunde o que su dueño no está claro.
Versionar el catálogo. Crear, fusionar u ocultar una categoría debe quedar registrado con fecha y motivo, y los tableros deben poder mostrar la historia. Ocultar una categoría no desaparece el problema; solo deja de contarlo.
Menos visitas perdidas. Un reporte bien clasificado llega a la cuadrilla que puede resolverlo, con los datos que necesita.
Tiempos que se pueden defender. Cuando un caso rebota, el reloj del servicio corre mientras nadie trabaja en él. Con menos rebotes, el tiempo medido se parece al tiempo de atención real.
Indicadores comparables y presupuesto con datos. Si las categorías son estables y sus cambios están registrados, el municipio puede comparar meses y zonas, y mostrar la demanda real de cada servicio al pedir recursos.
Ágora, la plataforma de atención ciudadana de Intello, está diseñada para que cada reporte llegue al área que lo resuelve con la información necesaria.
La recepción omnicanal concentra en un solo sistema lo que entra por web, app, chat, teléfono y ventanilla, para que todos los canales usen las mismas categorías. La inteligencia automática, con clasificación, deduplicación y extracción de datos, ayuda a ordenar lo que entra, incluidos los reportes que la ciudadanía describe con sus propias palabras.
La gestión de cuadrillas y proveedores lleva órdenes de trabajo geolocalizadas con toda la información del caso a cuadrillas internas y proveedores externos en la misma plataforma. La trazabilidad completa registra quién hizo qué, cuándo y con qué resultado, de modo que cada cambio en un caso queda en su historial.
Sobre esa base, los dashboards en tiempo real y los mapas de calor territoriales muestran qué tipos de reporte se concentran dónde.
- ¿Cada tipo de reporte que ve la ciudadanía tiene un área y una persona responsables?
- ¿Las categorías están organizadas por problema o por dependencia?
- ¿Qué porcentaje de tus reportes cae en "otros"?
- ¿Sabes cuántos casos cambiaron de categoría o de área el último mes antes de atenderse?
- ¿Tu sistema guarda quién reclasificó un caso y por qué?
- ¿Puedes reconstruir qué categorías existían hace un año y cuáles se crearon u ocultaron desde entonces?
Si varias respuestas son no, el municipio tiene una lista de opciones, no un catálogo de servicios.
El catálogo de servicios es la primera decisión operativa que toca un reporte ciudadano. Define qué problemas de la ciudad el municipio reconoce como suyos, quién responde por cada uno y con qué información. Gobernarlo como un acuerdo entre áreas, con dueños, reglas y cambios registrados, cuesta poco frente al costo de cada reporte que rebota.
Si tu municipio quiere que cada reporte llegue a la primera al área que lo resuelve y quede trazado hasta su cierre, conoce cómo funciona Ágora, revisa cómo Tribuna aplica la misma lógica a seguridad pública y justicia cívica, o solicita una demo. Si te interesa la otra mitad del problema, lee por qué una dirección no es una ubicación.