La línea de atención ciudadana de un municipio graba todas sus llamadas desde hace cuatro años. Nadie decidió cuánto tiempo guardarlas, así que nunca se borraron. En el servidor hay miles de horas de audio con nombres, domicilios, teléfonos, quejas contra vecinos y, de vez en cuando, una persona que llama llorando porque no sabe a quién más acudir.
Un día alguien pregunta para qué sirven esas grabaciones. La respuesta honesta es que casi para nada: los reportes ya se capturaron, los casos ya se cerraron y nadie las ha vuelto a escuchar. Pero ahí siguen. Cualquier persona con acceso al servidor puede escucharlas, copiarlas o perderlas.
La escena se repite con otros nombres. Formularios que piden la CURP para reportar una luminaria. Hojas de cálculo con datos de personas detenidas que circulan por correo entre áreas. Fotos de identificaciones guardadas en el teléfono personal de un operador. Cada copia nació de una necesidad real o de un "por si acaso". Ninguna tiene fecha de salida.
En la operación pública suele pensarse que guardar más es más prudente. La ley mexicana dice lo contrario. Un dato disponible no es un dato necesario, y un dato que ya no es necesario no es un activo: es un riesgo que la institución sigue cargando sin obtener nada a cambio.
El 20 de marzo de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Aplica a cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los tres órdenes de gobierno, incluidos los municipios. Cambió quién la vigila: la tarea que tenía el INAI quedó a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y de las autoridades garantes que la propia ley define, según el ámbito de cada institución. Lo que no cambió, y conviene leer con calma, son las obligaciones sobre cuánto se recaba y cuánto se guarda.
El artículo 10 enumera los principios que debe observar todo responsable: licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Tres artículos los aterrizan en la operación:
- Artículo 19, proporcionalidad. El responsable "sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento". La palabra clave es estrictamente. No basta con que un dato pueda servir algún día.
- Artículo 17, calidad. Cuando los datos dejan de ser necesarios para la finalidad que motivó su tratamiento, deben suprimirse, previo bloqueo en su caso, al concluir su plazo de conservación. Y esos plazos "no deberán exceder aquéllos que sean necesarios", considerando los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos.
- Artículo 18, procedimientos. El responsable debe establecer y documentar cómo conserva, bloquea y suprime, con periodos de conservación definidos, mecanismos para cumplir esos plazos y una revisión periódica sobre la necesidad de seguir conservando.
La ley agrega dos piezas que conectan esto con los sistemas. El artículo 24 pide que las plataformas informáticas y aplicaciones que traten datos personales cumplan "por defecto" con las obligaciones de la ley. Y el artículo 27 pide políticas que consideren el ciclo de vida completo del dato, "su obtención, uso y posterior supresión", además de un inventario de datos personales y de los sistemas que los tratan.
Dicho de otra forma: para cada dato personal que entra a la operación, la institución debería poder decir para qué lo pide, quién lo usa, cuánto tiempo lo guarda y qué pasa cuando ese tiempo termina.
El exceso de datos casi nunca nace de una decisión. Nace de costumbres razonables que nadie revisa. En la operación municipal hay cuatro lugares donde se acumula con más frecuencia.
Un formulario de reporte ciudadano o una remisión de barandilla se diseña una vez y se usa durante años. Con el tiempo se le agregan campos porque alguna área los pidió para un informe que ya no existe, o porque "siempre se ha pedido". Así se termina solicitando CURP, fecha de nacimiento y correo electrónico para reportar un bache, cuando para atenderlo basta con saber qué pasó, dónde y cómo avisarle a quien lo reportó.
Cada campo que no responde a una finalidad concreta es un dato que la institución tendrá que proteger, conservar, entregar en una solicitud de acceso y, eventualmente, suprimir. Quitarlo del formulario es la forma más barata de cumplir.
Algunos datos son materia prima: sirven para producir otro registro y después sobran. Una grabación de llamada sirve para capturar el reporte. Una foto de la identificación sirve para verificar a quien hace un trámite. Una vez que el registro existe, la pregunta es si el insumo original sigue teniendo una finalidad propia. A veces sí, porque una disposición aplicable obliga a conservarlo. Muchas veces no, y se guarda solo porque borrarlo exige que alguien lo decida.
Exportaciones a hojas de cálculo para armar un informe, archivos enviados por correo a otra área, capturas de pantalla en grupos de mensajería, carpetas en el escritorio de un equipo compartido. Cada copia fuera del sistema principal escapa de sus permisos, de su bitácora y de sus plazos. Si el sistema suprime un dato al vencer su plazo, pero existen cinco copias en correos, el dato no se suprimió.
Minimizar no solo es guardar menos. También es que menos personas vean cada dato. El artículo 19 habla de tratamiento, y consultar un registro es tratarlo. Un usuario genérico que comparten diez personas, o un perfil que ve todos los expedientes de todas las áreas, multiplica el tratamiento sin ninguna finalidad que lo justifique.
Aquí conviene una advertencia. En una entrada anterior explicamos por qué un respaldo no es un archivo y por qué la información pública debe sobrevivir al cambio de administración. Minimizar no contradice esa idea. La completa.
La propia ley define la supresión como una "baja archivística" de los datos personales conforme a las disposiciones en materia de archivos. Es decir, no se suprime cuando a alguien le parece, sino cuando vence el plazo que fija la institución, y ese plazo se coordina con la Ley General de Archivos. Esa ley pide a cada sujeto obligado un catálogo de disposición documental, el registro que establece los valores documentales, la vigencia, los plazos de conservación y el destino final de cada serie de documentos.
Entre que un dato deja de servir para su finalidad y su supresión definitiva existe, además, el bloqueo. La ley lo define como identificar y conservar los datos una vez cumplida la finalidad, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades, hasta el plazo de prescripción. Durante ese periodo los datos no pueden tratarse. El expediente de una persona detenida, por ejemplo, puede necesitarse para atender una queja de derechos humanos años después. Bloquearlo permite conservarlo para ese fin sin que siga disponible para cualquier consulta.
La diferencia, entonces, no es entre guardar y borrar. Es entre decidir y no decidir. Una institución madura sabe qué conserva, por qué, cuánto tiempo y bajo qué restricciones. Una institución inmadura guarda todo, en todas partes, para todos, sin fecha.
Una forma práctica de empezar es tomar un proceso, por ejemplo la recepción de reportes ciudadanos o la remisión de una persona detenida, y hacer cuatro preguntas sobre cada dato que se captura:
- ¿Para qué se pide? Si la respuesta es "por si acaso" o "siempre se ha pedido", el campo es candidato a desaparecer. Si la finalidad existe, debe estar escrita y coincidir con el aviso de privacidad.
- ¿Quién lo necesita ver? No es lo mismo el área que atiende el caso que el área que produce estadísticas. La segunda casi nunca necesita nombres.
- ¿Cuánto tiempo sirve? Cada tipo de dato debería tener un plazo ligado a una serie documental, no un "indefinido" por omisión.
- ¿Qué pasa al vencer? Bloqueo, supresión o transferencia a archivo histórico, con evidencia de que ocurrió.
El ejercicio produce, casi sin querer, dos documentos que la ley pide: el inventario de datos personales y de sistemas de tratamiento, y los procedimientos de conservación, bloqueo y supresión. También suele revelar que los mayores riesgos no están en el sistema principal, sino en las copias y en los accesos que nadie revisó.
Este trabajo tiene un beneficio adicional cuando la institución usa inteligencia artificial. Un modelo que lee expedientes, transcribe llamadas o responde a la ciudadanía trata datos personales igual que una persona. Mientras menos datos innecesarios existan en el sistema, menos puede exponer un asistente por error. Gobernar qué se guarda es también gobernar qué puede ver la IA.
El artículo 24 pide que las plataformas cumplan por defecto. En la práctica, eso significa que algunas decisiones de minimización deben estar en el diseño del sistema y no depender de la disciplina de cada operador.
En Ágora, la plataforma de Intello para atención ciudadana, la grabación de cada llamada se borra al transcribirse: el reporte queda en el folio y el audio no se acumula en un servidor. La consulta del saldo del predial por clave catastral se hace con autorización de la Tesorería y nunca muestra datos del propietario. Cada municipio opera separado de los demás y cada departamento ve solo lo que le corresponde. El ciudadano no tiene que crear una cuenta para consultar sus folios: entra con un enlace firmado o con su teléfono y un código que recibe por WhatsApp.
En Tribuna, la plataforma para seguridad pública y justicia cívica, los resultados de búsqueda se filtran según el rol de quien consulta y la búsqueda semántica verifica permisos en cada resultado. Abrir un expediente sensible pide un motivo, y la bitácora registra cada lectura y cada cambio, igual que cada comparación biométrica. La detección de duplicados por CURP, nacimiento, domicilio y teléfono ayuda a mantener una sola identidad por persona en lugar de varias copias del mismo registro. Y la implementación incluye una configuración institucional donde se definen roles, permisos y formularios, que es el momento natural para hacer las cuatro preguntas sobre cada campo.
Ninguna plataforma decide por la institución cuánto tiempo conservar un expediente ni cuál es su destino final. Esa decisión corresponde a su área coordinadora de archivos y a su unidad de transparencia, conforme a sus atribuciones. Lo que sí puede hacer un sistema bien diseñado es que lo innecesario no se recabe, que lo sensible no se vea sin motivo y que cada acceso deje rastro.
Durante años, la conversación sobre datos en gobierno giró en torno a tener más: más registros, más fuentes, más tableros. Esa conversación sigue siendo válida, porque una institución sin información decide a ciegas. Pero la ley de 2025 agrega la otra mitad: tener lo necesario, durante el tiempo necesario, al alcance de quien lo necesita.
La pregunta para los equipos directivos no es cuántos datos tienen. Es cuántos de esos datos podrían justificar hoy, uno por uno, frente a la persona a la que pertenecen.
Si tu institución quiere ordenar qué recaba, quién lo consulta y cómo queda registrado cada acceso, conoce cómo Tribuna controla la consulta de expedientes de seguridad pública y justicia cívica, cómo Ágora atiende a la ciudadanía sin acumular lo que no hace falta, o solicita una demo.